26 May, 20

Plan de Cierre de Minas: Compromiso ambiental, técnico y legal

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​El Plan de Cierre de Minas es el instrumento de gestión ambiental obligatorio que diseña y programa las acciones técnicas, legales y financieras necesarias antes, durante y después de la actividad extractiva. Su finalidad es asegurar que las áreas intervenidas alcancen una estabilidad física, química e hidrológica a largo plazo, garantizando la remediación del terreno y previniendo la formación de pasivos ambientales.

​Importancia ambiental, técnica y social

Este documento establece las directrices para desmantelar infraestructura, neutralizar residuos y estabilizar taludes o bocaminas, impidiendo el drenaje ácido o la contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas. A nivel social, asegura que las comunidades aledañas recuperen un entorno seguro y libre de riesgos sanitarios o geotécnicos, permitiendo el aprovechamiento futuro de los suelos para actividades agrícolas, ganaderas o de conservación.

​Flujo de presentación, plazos y fiscalización

En el marco normativo peruano, el expediente se gestiona ante instancias específicas del Estado:

  • ​Aprobación inicial: Se presenta ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del MINEM dentro del plazo máximo de un año posterior a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y previo al inicio de operaciones.
  • ​Actualización periódica: La normativa exige renovar y reajustar el plan de forma obligatoria cada 5 años, o antes si existen modificaciones sustanciales en el proyecto.
  • ​Fiscalización: El cumplimiento de las obras de cierre es supervisado en campo por el OEFA y OSINERGMIN.

​Componentes y garantía financiera

Para su validez técnica, el plan requiere estudios de estabilidad de terrenos, programas de participación ciudadana y la constitución de una garantía financiera (carta fianza o póliza de caución) a favor del Estado. Tras el cese definitivo de operaciones, se ejecutan las obras de remediación y se inicia la etapa de post-cierre, la cual exige un monitoreo ambiental riguroso de agua y aire durante un periodo mínimo de 5 años para asegurar la estabilidad del ecosistema.

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